6 detenciones, 13 reporteros con lesiones por armamento disuasorio, 1 con trauma ocular, 6 golpeados, 2 mujeres denunciaron violencia sexual, 4 por negativa de salvoconductos y a 3 periodistas extranjeros se les restringió la entrada al país.

Este viernes la directiva nacional del Colegio de Periodistas de Chile fue invitada a participar de una reunión con la delegación de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En la cita el gremio expuso las decenas de casos de colegas que sufrieron ataques por parte de personal uniformado cuando estaba realizando sus labores informativas, desde que se instaló el Estado de Emergencia y posteriormente el Toque de Queda.

A través de todos los regionales el gremio hizo un catastro con todos los casos que se registraron hasta la semana que recién terminó, sin embargo, el registro sigue abierto, ya que el proceso de movilizaciones continúa y los reporteros siguen siendo agredidos, lo que pone en grave riesgo el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

Hasta el 28 de octubre el Colegio recopiló 36 casos de periodistas violentados. Entre ellas destacan 6 detenciones, 13 reporteros con lesiones por armamento disuasorio, 1 con trauma ocular, 6 fueron golpeados, 2 mujeres denunciaron violencia sexual, 4 reportaron que se les negó la entrega de salvoconductos y a 3 periodistas extranjeros se les restringió la entrada al país.

A nivel nacional, quienes mayormente fueron afectados por la violencia de agentes del Estado fueron: 16 periodistas, 9 fotógrafos, 7 reporteros y 4 camarógrafos.

Los casos reportados indican que el mayor número de abusos fueron generados por Carabineros durante las movilizaciones (24 casos). Solo se reportan dos casos de abuso de militares – uno en la Región de La Araucanía y otro en la Región Metropolitana, un caso donde la PDI intervino para evitar la entrada de un periodista y dos fotógrafos extranjeros a Chile.

La mayor cantidad de agresiones se reportan en la Región Metropolitana (18 casos) con agresiones por balines, golpizas, detenciones y limitación de entrega de salvoconductos a prensa acreditada.

Un informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación indicó que “un un gran número de casos los disparos por parte de Carabineros se realizaron a muy corta distancia, menos de 10 metros, asimismo, hay testimonios y registro audiovisual que acredita que los reporteros eran el objeto del disparo, por encontrarse separados de los manifestantes y ser claramente identificables. El análisis de los datos recopilados permite afirmar que, por lo general, los impactos no se produjeron de forma accidental, existiendo una intencionalidad de agredir a los reporteros que se encontraban registrando la actuación policial durante las protestas”.

Además de las agresiones el gremio reportó que hubo evidente limitaciones para entregar salvoconductos a la prensa y estos hechos no fueron respetados, considerando que muchas de las personas afectadas por detenciones y agresiones, contaban con credenciales de prensa y salvoconductos.

“En los sucesos documentados se manifiesta un sistemático incumplimiento de los protocolos de orden público de Carabineros (Circular Núm. 1.832.- Santiago, 1 de marzo de 2019 publicada en Diario Oficial de Chile de 4 de marzo de 2019)”, señaló el informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación.

Respeto a los casos informados, cabe destacar tres de fuerte impacto: uno es el trauma ocular que afecta a un camarógrafo de Mega, en la ciudad de Concepción quien recibió un impacto de balín en su ojo por parte de Carabineros, quedando con un daño irreparable a su vista; y la violencia sexual que fueron víctimas dos mujeres periodistas en la ciudad de Arica quienes durante su detención fueron obligadas a desnudarse y hacer sentadillas.

También, la orden destacó en el informe la vulneración de derechos que sufrieron tres comunicadores argentinos que estuvieron retenidos por horas en el Aeropuerto Internacional de Santiago por parte de la Policía de Investigaciones (PDI). A quienes se les informó que no se les permitía la entrada al país, por tener en sus redes sociales imágenes de “incitación al odio” y serían deportados a su país. Además, otro argumento usado por la PDI para negar el acceso fue que la visita a Chile, se realizaba con visas de turistas y para hacer cobertura periodísticas necesitaban visa de trabajo. 

Después de que intervinieran  distintas instituciones, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión Chilena de Derechos Humanos  y el Colegio de Periodistas de Chile,  la PDI les permitió el ingreso a Chile.