Mañana 1 de febrero acompañamos en la distancia a Iván Carrasco, hijo de nuestro colega Pepe, quien expondrá en Costa Rica -a nombre de las víctimas- en la audiencia ante la Corte Interamericana de DDHH contra el Estado chileno por la reducción de penas de perpetradores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Pinochet.

La justicia y la paz social parecen elementos indisolubles, sin embargo, no pocas veces se han apagado el uno por el otro. El juez Hugo Dolmestch, desde el año 2006 en que pasó a integrar la Corte Suprema, promovió la aplicación de la media prescripción en las sentencias condenatorias en juicios por delitos de lesa humanidad.

Esta práctica, llamada “doctrina Dolmestch”, modificó las sentencias condenatorias de múltiples casos de violaciones a los Derechos Humanos dejando a los culpables con rebajas en dos o tres grados de su pena, de acuerdo a los años que habían pasado desde el crimen por el que eran juzgados. Debido a ello, muchos criminales vieron su condena reducida a pena remitida o libertad vigilada, generando una sensación de impunidad y revictimización de los familiares y todos los que han luchado por conseguir justicia en tantos casos de crímenes de lesa humanidad.

Hace unos años, las abogadas Karinna Fernández Neira, Magdalena Garcés Fuentes y Jimena Reyes, en representación de familiares de 49 detenidos/as desaparecidos/as y ejecutados/as apelaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acusando que el Estado de Chile estaba violando tratados internacionales al aplicar esa media prescripción.

Todos los casos señalados en Chile como de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se investigaron y sancionaron por la justicia porque eran imprescriptibles de acuerdo a las normas del Derecho Internacional; es decir, no son delitos comunes cuya responsabilidad se extinga con el tiempo. Por tanto, si no hay prescripción total y es imposible que exista la media prescripción o prescripción parcial.

Extrañamente, esta medida se ejecutó y justificó por la necesidad de paz social, que se funda en las condiciones de bienestar, justicia, solidaridad, concordia y equilibrio que deben alcanzarse en una sociedad para erradicar de ella la violencia. Sin embargo, esos valores a alcanzar se vieron debilitados en estos años y en vez de justicia llegó la revictimización y la impunidad.

Dentro de los condenados que se vieron beneficiados con esta medida están los asesinos de nuestro colega José Carrasco Tapia. Pepone, como solían llamarle sus amigos, tenía 43 años, era casado y padre de dos hijos; era editor internacional de la revista Análisis y dirigente del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile y miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Pepe Carrasco fue acribillado el 8 de septiembre de 1986 en la avenida El Salto, al costado del Cementerio Parque del Recuerdo, luego que agentes de la CNI lo sacaran de su casa en la madrugada, a vista de sus hijos y de su pareja. “Soy periodista, soy periodista”, fueron sus últimas palabras, esperando recibir clemencia, pero no, sus verdugos le dieron 14 balazos en su cabeza para acallar su voz y vengar el atentado que el dictador Augusto Pinochet había logrado sortear.

Hace 36 años colegas, amigos y compañeros seguimos recordando la memoria y el legado de este agudo y comprometido reportero, en el mismo lugar donde lo asesinaron en Huechuraba. Asimismo, este miércoles a las 12 horas en Chile y 9 horas en Costa Rica, acompañaremos en la distancia a su hijo, Iván Carrasco Mora, quien va a representar a todas las familias de las víctimas que exigen justicia.

Podremos ver en directo, a través del portal del Poder Judicial en un hecho inédito, su relato y también el del representante de la Corte Suprema que justificará su implementación. Será una jornada donde nuestro Colegio de Periodistas y una gran parte de nuestra sociedad estará expectante. También compartiremos esa transmisión en nuestras redes sociales (Consejo Metropolitano Colegio de Periodistas de Chile).

Con Pepe Carrasco en el corazón y por todas las víctimas, esperamos que, a 50 años del golpe cívico-militar, no existan dudas de lo improcedente de esta práctica judicial que solo trae más impunidad.

Consejo Metropolitano

Colegio de Periodistas de Chile